El Segundo Simulacro Nacional 2025, llevado a cabo el 19 de septiembre, dejó al descubierto un fenómeno inesperado: la activación de la alerta sísmica en más de 80 millones de celulares en México provocó que 2,105 teléfonos móviles ocultos en cárceles comenzaran a sonar simultáneamente. Lejos de ser un simple ejercicio preventivo, el llamado “simpulacro” destapó redes de contrabando y corrupción dentro del sistema penitenciario.
La alerta, enviada de forma masiva por las autoridades encargadas del simulacro, reveló que internos tenían acceso a dispositivos prohibidos. Las cárceles de Aguaruto, Apodaca, Ciudad Juárez y Santa Martha Acatitla, entre otras, figuran entre los centros con mayores decomisos. En algunos casos se contabilizaron hasta 450 celulares incautados en una sola prisión. El hallazgo pone en evidencia la magnitud del comercio interno de equipo tecnológico, a pesar de las restricciones institucionales.
Este episodio llama a reflexionar sobre la eficacia de los protocolos internos de seguridad en penales y la fragilidad de los muros cuando la alerta —que supuestamente solo busca prevenir desastres naturales— puede desencadenar un escándalo estructural.
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