“Ley Silla”: última llamada para ponerse la norma

En México, la entrada en vigor de la conocida Ley Silla marca un hito en los derechos laborales al establecer que, a más tardar el domingo 14 de diciembre de 2025, todos los centros de trabajo deberán garantizar a sus empleados el derecho a sentarse o cambiar de postura durante su jornada laboral, especialmente en aquellas actividades que implican estar de pie por largos periodos, como en tiendas, hoteles, cadenas de abasto y centros de atención al cliente.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) exige que los empleadores proporcionen sillas con respaldo o asignen zonas de asiento cuando la naturaleza del trabajo lo permita, y prohíbe que los trabajadores sean obligados a permanecer de pie durante toda su jornada sin opción a reposo. Esto responde a la necesidad de prevenir problemas de salud como fatiga intensa, dolores musculares, várices y trastornos articulares derivados de la bipedestación prolongada.

Para las empresas que aún no han realizado las adecuaciones pertinentes, el escenario es claro: el incumplimiento de esta normativa puede implicar sanciones significativas que van desde multas —calculadas en múltiplos de la UMA (Unidad de Medida y Actualización)— hasta la posibilidad de suspensión temporal de actividades en casos de reincidencia. Además de obedecer la ley, cumplir con la Ley Silla no solo evita riesgos legales, sino que también envía un mensaje claro de compromiso con la dignidad, la salud y el bienestar laboral de los colaboradores.

La avanzada del plazo exige que empleadores y trabajadores revisen sus protocolos internos, capaciten al personal, adapten el mobiliario y actualicen su reglamento interno de trabajo para reflejar este nuevo derecho. Para quienes laboran de pie diariamente, se trata de un cambio que puede mejorar tanto la calidad de vida como la eficiencia operativa.

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